Descripción

La delincuencia se ha mantenido durante la última década entre las principales preocupaciones de la población, muchas veces incluso por sobre áreas como educación o salud (CEP, 2016; Paz Ciudadana, 2015a). Junto con ello, la percepción de aumento de la delincuencia se disparó a un máximo histórico de 86,8% en 2015, con un alza de casi siete puntos porcentuales respecto de 2014 -aun cuando ha habido una tendencia a la baja en la victimización de hogares durante los últimos años (Ministerio del Interior, 2015). Esta demanda por mayor seguridad ha tenido como respuesta una política penal, vigente desde el inicio de la década de los noventa, que ha enfatizado el carácter punitivo del sistema. Ello se ha traducido en altas tasas de población penal, hacinamiento persistente y aumento exponencial de los costos (Oliveri, 2011)2. Asimismo, ha conllevado una saturación del sistema en base al encarcelamiento de delitos que son principalmente contra la propiedad, y a una administración centrada en la custodia de los individuos privados de libertad por sobre su reinserción (Consejo para la Reforma Penitenciaria, 2010; INDH, 2013; CESC, 2015; DESC, 2016)

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