La educación es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado y que, como todo derecho, si no reúne las condiciones de acceso de todos los ciudadanos y de cumplimiento pleno, produce privilegios para unos pocos. Como universidad pública, la UPLA se comprometió con la educación de adultos en contexto de encierro, puesto que pese a que vivimos en una etapa de democracia formal, el ejercicio autoritarista del poder sigue manifestándose en las formas de la corrupción, impunidad, limitaciones en el acceso a la justicia y a la participación política, una distribución de la riqueza y las oportunidades inequitativa. Es este cúmulo de prácticas el que termina traduciéndose en una mayor exclusión económica, social y política a muchos grupos sociales que ya están en desventaja en la dinámica social.
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