La educación es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado y que, como todo derecho, si no reúne las condiciones de acceso de todos los ciudadanos y de cumplimiento pleno, produce privilegios para unos pocos. Pese a que vivimos en una etapa de democracia formal, el ejercicio autoritarista del poder sigue manifestándose en las formas de la corrupción, impunidad, limitaciones en el acceso a la justicia y a la participación política, una distribución de la riqueza y las oportunidades inequitativa, todo lo que se traduce en una mayor exclusión económica, social y política a muchos grupos sociales que ya están en desventaja en la dinámica social. Sobre esto y en el marco del Congreso “Educación, Cultura y Trabajo en contexto de encierro” convocado por la Universidad de Playa Ancha dialogamos con Francisco José Scarfó, académico de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina y Elionaldo Fernandes Julião, académico de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, porque la educación en establecimientos penales es la única garantía de la condición de ser humano para quienes han delinquido y aunque se considere un castigo justificado, el encierro no debe llevar consigo una privación adicional de los derechos civiles de todos y todas.

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